Resulta inadmisible, y casi cómico, que cada año que Bernardo Arévalo lleva en el poder, he escrito un artículo contra las ampliaciones presupuestarias. Naturalmente, mis recomendaciones, otorgadas desde el sentido común, no han sido tomadas en cuenta por el poder político.
Y es cierto: bajo la administración, evidentemente inepta (pues de otra manera podrían hacer los cálculos presupuestarios bien desde el comienzo), de Arévalo, los restos de Semilla, Raíces y todo tipo de malezas restantes han pedido consistentemente ampliaciones del presupuesto.
Cada año, por supuesto, la excusa es diferente, y lo es porque cada año nos damos cuenta de que el aumento de cierta partida presupuestaria no influye en la calidad de esa partida. Bajo el gobierno actual, el Ejecutivo ha pedido ampliaciones en estos años: 2024, por Q14,151,700,391, con el argumento central de dar financiamiento a varias entidades públicas para garantizar la prestación de bienes y servicios a la población; 2025, por Q4,166,796,885, argumentando principalmente cumplir compromisos previstos en disposiciones legales y financiar programas/proyectos de beneficio económico y social; y 2026, por Q9,326,723,238, justificándola sobre todo porque la CC dejó en suspenso el Presupuesto 2026 (Decreto 27-2025) el 30 de diciembre de 2025, por lo que se buscó ajustar/financiar el presupuesto vigente para evitar desfinanciamientos y sostener la operación y los servicios del Estado.
Si sumamos todas las ampliaciones y todos los presupuestos desde que este último gobierno asumió, nos da Q27,645,220,514 en ampliaciones, que, agregados a los presupuestos ordinarios de cada año, nos dan Q428,819,647,690.
Pregunto seriamente: ¿estamos mejor hoy que hace 428 mil millones de quetzales? ¿Hay algún indicador social que pueda establecer una relación causal entre todo el gasto del gobierno y la mejoría (de haberla) de la población?
Me parece que la respuesta a ambas interrogantes es negativa. Solo tenemos garantía de que estos presupuestos hay que pagarlos de algún modo; estos son los siguientes: primero, aumentando la recaudación; para esto pueden crearse nuevos impuestos, aumentar los existentes o aumentar el número de personas que los pagan, lo que se traduce en expoliar más a la población desde distintos flancos, atando directamente el fruto de su producción. Segundo, incurriendo en deuda, ya sea con organismos nacionales o internacionales; esta deuda, por supuesto, debe pagarse en algún momento, y en ese momento se incluyen los intereses de esa deuda. Cuando alguien inteligente incurre en deudas en el mundo privado es o porque tuvo una emergencia impostergable o porque asume que los beneficios de la deuda superarán a los costos; esto es, generar ingresos que sean iguales o superiores a la suma de la deuda más los intereses.
Evidentemente, el gobierno no piensa de la misma manera; es más, una buena analogía sería como alguien que va al supermercado y compra una serie de víveres entre los cuales se incluyen, digamos, cinco paquetes de arroz. A la hora de pagar, se da cuenta de que le alcanza para comprar casi todo, salvo dos paquetes de arroz. Una persona sensata dejaría los paquetes en la caja y compraría lo demás: no pasaría hambre, pero tampoco podría darse un festín. El gobierno, por su parte, prioriza el festín por sobre todas las cosas, y lo hace porque no es él quien paga: somos nosotros.