Los lamentables eventos criminales que azotaron al país este domingo 18 de enero, nos exigen una seria reflexión sobre el sistema.
¿Por qué ocurre lo que ocurre y cómo hacer que estos escenarios de pesadilla se erradiquen por completo? Son algunas de las dudas que, todo quien esté a favor de la cooperación social, por sobre la violencia, debe estar pensando en estos días.
Aunque no me creo capaz de ofrecer una solución permanente, creo que el primer paso para encontrarla es identificar el o los problemas que causan lo que se busca remediar. Sobre esto último, me gustaría ofrecer la siguiente línea de reflexión que, por supuesto, está abierta al debate.
En la cadena nacional emitida el mismo domingo, el presidente de la nación, Bernardo Arévalo, ha decretado estado de sitio para el país por los próximos 30 días. Dicha facultad presidencial se encuentra en el artículo 139de la constitución, además de la Ley de Orden Público. En ella se establece que el presidente ejerce el gobierno como Comandante General del Ejército, a través del Ministro de la Defensa Nacional; los militares pueden intervenir o disolver organizaciones/agrupaciones sin necesidad de apercibimiento; ordenar detenciones o confinamiento sin mandamiento judicial; reprimir acciones contrarias a las disposiciones dictadas para restablecer la normalidad. Además, dado que el estado de sitio se encuentra dentro de los estados de excepción, estos contemplan limitaciones a la libertad de hacer lo que la ley no prohíbe, libertad de locomoción, reunión y manifestación, emisión de pensamiento, portación de armas, huelga, entre otros.
Esto, que pareciera ser bastante razonable, resulta una genuina tomadura de pelo cuando recordamos el motivo por el cual se colocó el estado de sitio. En palabras del presidente: “tiene como objetivo garantizar la protección y seguridad de todos los ciudadanos, al mismo tiempo que permite utilizar toda la fuerza del Estado”.
Pareciera que nos olvidamos de que la causa de todo esta problemática, han sido los motines que se dieron en numerosas cárceles del país. Cuando se entiende lo que es un estado de sitio y lo que es una cárcel, parece una broma mal hecha.
El estado de sitio es uno de los llamados estados de excepción, que, en pocas palabras, son restricciones a las libertades constitucionales que la misma Constitución contempla para determinados escenarios. Su objetivo es restablecer el orden social y la soberanía nacional.
La lógica tras este tipo de excepciones constitucionales es que, en un ambiente de libertad, el Estado presenta ciertas dificultades para garantizar la paz y el orden social, por lo que debe restringir la libertad para imponer el orden. En una fórmula: menos libertad y más poder es igual a orden y seguridad.
Si esto fuera cierto, podría decirse con propiedad que mientras menos libertad tengan los ciudadanos, y más poder tenga el Estado, mayor sería la seguridad y más ordenada estaría la sociedad.
Entonces, aquel lugar donde la libertad fuera suprimida de manera absoluta y el Estado mandare y vigilara sin restricción debería ser el lugar más seguro del país, ¿verdad?
¡Serían entonces las cárceles el lugar más seguro y ordenado con diferencia!
Sin embargo, como el lector sabe, la realidad dista bastante de esta afirmación. No solo es que las cárceles no sean un lugar seguro, sino que, posiblemente, sean uno de los lugares donde el estado de derecho opere con menos fuerza dentro del territorio nacional.
Es más: las cárceles son comúnmente asociadas con focos de violencia, corrupción y crimen organizado, más que con una sociedad ejemplar y recta. Incluso toda la violencia desatada el domingo tuvo como causa que, en primer lugar, se dieron motines en cárceles los cuales duraron más o menos un día.
Vale la pena tener en cuenta que una cárcel es la presencia absoluta y constante del Estado: es una fortaleza, pero, en vez de construirse contra el asedio, se crea contra la fuga. Aquí, el Estado no tan solo es totalitario, sino que también socialista (como si pudiera haber otro tipo de totalitarismo): es monopolista de seguridad; es de vivienda (tu celda te es asignada y amoblada); de alimentación (no hay competencia en la comida: todos deben comer lo mismo a la misma hora); de vestimenta (todos deben usar uniformes provistos por el Estado). El uso de dinero y el intercambio están prohibidos; la propiedad privada es sumamente delimitada y siempre es relativa a lo que el poder político estime conveniente.
Y ni con todo ese control y supresión de la libertad, el Estado logra imponerse. Pareciera que es, naturalmente, ineficiente. Aun siendo las cárceles la apoteosis del Estado, este no es capaz de instaurar lo que le promete a los ciudadanos libres que hará con menos atribuciones.
Esto no es una apelación a que el Estado deba trascender el totalitarismo y tener el control permanente de los ciudadanos; es un recordatorio de que la planificación central es ineficiente y, por lo tanto, la planificación central de seguridad y orden público lo son también.
No sufrirán, por tanto, los que ni en condiciones extremas pudieron ser reprimidos, sino los ciudadanos buenos —y en ocasiones ingenuos— que siguen la ley y aceptan sus perjuicios.
Como en la mayoría de asuntos sociales, la competencia, la propiedad privada y, en una palabra, la libertad; son buenas guías para imaginar sistemas alternativos donde estas problemáticas se atenúen. El fenómeno de la criminalidad no depende del sistema de gobierno, pues esa decisión depende de los individuos; pero su alcance y su numerosidad, sí.