Los disturbios que ocurrieron hace unos días en el Hotel Santo Domingo, en Antigua Guatemala, no deberían sorprender a nadie. Escenarios lamentables de violencia ocurren periódicamente cuando se tratan temas relacionados con el personal administrativo de la USAC.
Y con esto perdemos todos: pierden los estudiantes, al sufrir alteraciones y suspensiones —ya sean voluntarias o coercitivas— de sus clases, lo que retrasa su cierre de año académico e incluso alarga su período universitario. Pierden los contribuyentes, pues todo eso debe pagarse. Y pierden los funcionarios de la USAC, ya que estas postales solo contribuyen al desprestigio de su institución.
Cuando se me pregunta sobre cualquier asunto económico o social, mi mantra suele ser el siguiente: reducir, desregular, descentralizar y eliminar. Y, sin duda, si se me preguntara cómo poner fin a las problemáticas de la USAC, esa sería también mi respuesta.
Si mi mantra no agrada en temas que no agitan particularmente las pasiones, en cuestiones que exaltan los ánimos mi postura ni siquiera suele ser considerada entre las opciones posibles.
Por ello, aunque ya planteé cuál sería mi solución definitiva, propongo una respuesta alternativa.
El problema que hemos visto es que, en incontables ocasiones, personas con intenciones políticas intentan apoderarse de lo que se presume es una institución académica. Esto no ocurre por casualidad: es un error de diseño que quizás se engendró con buenas intenciones, incluso con intenciones republicanas, pero cuyas consecuencias todos hemos podido ver.
El problema fundamental de la USAC, y la causa de tanta politiquería dentro y fuera de sus paredes, es que una sola institución reúne dos fines que no son compatibles: el rol académico y el rol político. Y la gran mayoría de conflictos que la afectan se deben a que el objetivo de la academia es la búsqueda de la verdad, mientras que el objetivo de la política es la búsqueda de lo conveniente.
A pesar de que la Universidad de San Carlos es eso, una universidad, los privilegios constitucionales que se le asignaron arbitrariamente han hecho que tenga un rol preponderante dentro de la política institucional del país.
La posibilidad de presentar iniciativas de ley, así como la designación de un magistrado titular y uno suplente de la Corte de Constitucionalidad, establecidas respectivamente en los artículos 174 y 269 de la Constitución, les han traído a los estudiantes de dicha casa de estudios y a sus mecenas obligados —los contribuyentes— más perjuicios que alegrías. Esto ha provocado que el control de dicha institución no sea codiciado solo por quienes tienen un perfil académico, sino también —y en mayor medida— por quienes tienen un perfil político.
Y cuando se atrae cierto tipo de perfil, esto viene acompañado de todo lo que orbita alrededor de esos grupúsculos. Creo que el lector podrá estar de mi lado cuando afirmo que, en la mayoría de los casos, un perfil académico es más confiable, reputado y alejado de las malas prácticas que un perfil político.
No por nada, el caso presentado a finales de 2023 fue titulado “Toma de la USAC: botín político”, y el nombre le queda bien puesto. La universidad estatal ha pasado de ser un baluarte de la educación a convertirse en otra pieza más en el ajedrez de los políticos, perjudicando en el camino a todos sus estudiantes y a quienes los subsidian: los pagadores de impuestos.
Qué beneficioso sería para todos que la USAC abandonara su rol político y se concentrara en su rol académico. Los estudiantes podrían estudiar, en vez de ver obstruidas sus clases y planes educativos; los maestros podrían enseñar, en vez de ser piezas de ajedrez; los funcionarios podrían administrar su institución sin la tentación de meter las manos en otros asuntos; y los contribuyentes, por lo menos, tendrían el consuelo de que su dinero arrebatado está yendo a la educación de los guatemaltecos y no a mantener una porción de la casta política.
Por estos motivos, me parece imperativo el cese del rol político de la Universidad de San Carlos, pues, aunque seguramente estos privilegios fueron otorgados por motivos contingentes que en su momento se consideraron razonables, el paso del tiempo nos ha demostrado lo contrario. Por lo tanto, si se quiere acabar con la politiquería en la San Carlos, ese sería un gran avance.
Por supuesto, las universidades privadas también son afectadas por el virus de la politiquería; sin embargo, su afección es menor porque sus privilegios también lo son. Aun así, sería igualmente positivo dejar una zanja claramente delimitada entre el mundo de la academia y la política institucional, de una vez por todas.